viernes, 26 de octubre de 2012

Caso Moreira y los trasfondos negros del poder


(Pero cómo cambia la perspectiva cuando la realidad te alcanza. Sólo así actúa la gente con poder, hasta que se da cuenta de que también pueden ser vulnerados. Pero bueno, eso es mejor que nada)

El lamentable homicidio del hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, vino a sacar a la luz los entretelones de la profunda descomposición social que se padece en nuestro país. Con sus recientes declaraciones a los medios, el ex mandatario puso el dedo en la llaga al afirmar que los verdaderos culpables del asesinato, se encuentran entre algunos empresarios del estado dedicados a la explotación de minas carboníferas aliados con “Los Zetas”, a quienes sirven de parapeto para comercializar el producto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
           
Ahora nos enteramos que hasta el líder de la organización criminal, el supuestamente fallecido Heriberto Lazcano, “El Lazca”, estaba dedicado a tal actividad en la región donde se dice que fue victimado por soldados de la Marina, de ahí que anduviera mezclado entre pobladores de la ranchería llamada “Progreso”, sin necesidad de traer escoltas ni andar armado. Esto a pesar de que su cabeza tenía un alto precio para la DEA y la Procuraduría General de la República, como uno de los criminales más buscados del país.
           
El ex gobernador argumenta que cuando estuvo al frente del Ejecutivo estatal no tenía información de tal escenario, sino hasta ahora, al involucrarse en la investigación sobre el asesinato de su hijo. Es ingenuo creer tal afirmación, sobre todo cuando su sucesor es nada menos que su hermano, a quien condujo a la gubernatura llevándolo de la mano, sin permitir que ni por asomo hubiera posibilidad alguna de que no ganara las elecciones. De lo que no queda duda, es de que el crimen  fue un ajuste de cuentas, en venganza porque un sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, había sido muerto por las autoridades, como lo confirmó el propio Moreira.
           
Ahora el ex gobernador vive en carme propia la tragedia que ha enlutado a miles de hogares mexicanos, prueba contundente de que la descomposición del tejido social va en aumento. Ahora conoce personalmente el drama vivido estos últimos años por miles de familias que sobreviven en una eterna agonía, al saber que la impunidad es lo único que pueden esperar de parte del Estado. Ahora que está en la posición de una víctima más, lo único que exige es “que detengan a los asesinos de mi hijo, al autor intelectual. No han detenido a ninguno. También, que hagan una detención de todas estas personas que están vinculadas, estos empresarios, entre comillas, que por su ambición económica han llegado a coludirse con el crimen organizado”. (La Jornada. 26/10/12).
           
Es obvio que quien debe dar los primeros pasos en esa dirección es su propio hermano, el actual gobernador Rubén Moreira. Si no actúa conforme a derecho dará mucho que pensar. Es claro asimismo que debe contar con la suficiente información para proceder en contra de los empresarios (entre comillas) coludidos con el crimen organizado. Si no lo hace en un plazo perentorio se pensará que hay mucho mar de fondo y que está imposibilitado de hacer que prevalezca el Estado de derecho en Coahuila. En ese caso debería renunciar y ponerse a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.
           
Afirma el ex gobernador que durante los cinco años que estuvo al frente del Ejecutivo no tuvo información sobre lo nexos entre los narcos y los empresarios, ya que entregó el sistema de seguridad al Ejército mexicano. Se constata así lo improcedente de que oficiales de las Fuerzas Armadas actúen como mandos policíacos. ¿Qué ganó el país con esta malhadada estrategia? Absolutamente nada, pero sí perdió mucho la nación con el tremendo desprestigio de las tropas por su absurda “guerra” contra las bandas del crimen organizado, que ocultó los vínculos criminales entre empresarios sin escrúpulos y capos de los cárteles.
           
Ahora Felipe Calderón dejará la Presidencia dejando un caos sin precedente, aunque eso no le importe un ápice, como lo demuestra su inconsciente triunfalismo en las giras de despedida, sin ton ni son, por todo el país. Ahora que ya se va toma decisiones que debió haber tomado apenas al llegar, como la obligatoriedad a las 10 mil gasolineras del país a modernizar las 43 mil bombas despachadoras de combustibles, aun cuando en realidad dicha medida entrará en vigor hasta el 31 de enero del 2013, “para cuidar el bolsillo de los consumidores y recuperar la confianza en los gasolineros”.  
           
Así se confirma que los “políticos” conservadores sólo quieren el poder para medrar y enriquecerse al amparo del poder, cosa de la que ahora se da cuenta Humberto Moreira, al manifestar su enojo por el comportamiento de los empresarios carboníferos coludidos con el crimen organizado, en su irrefrenable afán de enriquecimiento. ¿Si no se hubiera visto afectado por una tragedia tan traumática, se habría dado cuenta de tal escenario de inmoralidad y corrupción?

Fuente: Revista EMET

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