jueves, 1 de noviembre de 2012

Refuerzan cerco policiaco contra ambientalistas de Huexca, Morelos


(Pero vivimos en un país feliz, donde abunda la libertad de expresión. Todo es maravilloso, la seguridad se nota por doquier  y cualquiera puede decir lo que se le plazca la gana sin temor...)


MÉXICO, D.F. (apro).- La presencia policiaca en las inmediaciones de la comunidad indígena de Huexca, en Morelos, se incrementó hoy, al arribar a la zona un contingente de la Policía Federal (PF) para custodiar el ingreso de maquinaria pesada.

A pesar de que el pasado viernes los habitantes de esa comunidad –localizada en el municipio de Yecapixtla—consiguieron un acuerdo para el retiro de la fuerza policiaca y la mediación del organismo civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el cerco policiaco no sólo se mantiene sino que incrementó el número de elementos de diferentes corporaciones.
Los habitantes de Huexca se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM), consistente en un gasoducto y dos termoeléctricas que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quiere construir en las afueras de la comunidad, debido a que con engaños y presiones el gobierno estatal y la propia paraestatal han intentado imponer las obras sin consultas públicas ni información sobre su sustentabilidad.
El ingreso de los agentes federales, así como de tres máquinas de construcción y otros trabajadores, ocurrió hoy a las 7:30 horas.
“Estamos indignados, habíamos quedado en que no iban a meter maquinaria y resulta que, primero, la semana pasada nos reprimieron con granaderos, y esta mañana llegó la Policía Federal con 200 elementos y metieron maquinaria”, dijo a Apro Teresa Castellanos, vecina de la comunidad.
Durante meses, los vecinos de Huexca mantuvieron un plantón para evitar el paso de maquinaria y trabajadores al predio donde operan, entre otras, las contratistas españolas Elecnor, Enargás, OHL y Abengoa, a las que CFE concesionó el megaproyecto.
Sin embargo, el martes 23, un operativo de unos 300 policías estatales se abalanzó contra las campesinas inconformes, con saldo de dos lesionadas y el reingreso de maquinaria y trabajadores.
De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), que apoya el movimiento ambientalista, el martes 30, además de un incremento en la cantidad de policías estatales se registraron sobrevuelos en helicóptero.
Esta mañana, un contingente de elementos federales se apostó desde las 6:00 en la carretera Cuautla-Izúcar de Matamoros, a la altura del entronque con el camino que conduce a Huexca.
Posteriormente ingresaron al camino que conduce a Huexca y arrojaron al suelo a un anciano que participa en el bloqueo.
“No pasó a mayores porque no somos una comunidad impuesta a la violencia. Lo mismo que la semana pasada, no opusimos resistencia y por eso hemos mantenido nuestra integridad”, expresó Teresa Castellanos.
El CAM condenó la presencia policiaca, pues recordó que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala, Morelos y Puebla acordó, en una reunión en el Congreso de Morelos, que se retiraría la fuerza policiaca y se establecería una mesa de diálogo con la mediación del Serapaz, pero el gobierno de Graco Ramírez y, a partir de hoy, el de Felipe Calderón, incumplieron su parte.
El acuerdo consistía, además, en el cese de los patrullajes en el interior de la comunidad, en tanto los inconformes se comprometieron a dejar pasar a los trabajadores de las empresas contratistas.
La oposición de los habitantes de Huexca, así como de numerosas comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos, se debe a que el trazo del gasoducto invade la zona de mayor peligrosidad volcánica identificada por el Centro Nacional de Desastres, lo que además del riesgo ante una erupción, la obra implica el bloqueo de rutas de escape para unas 60 comunidades localizadas en torno al Popocatépetl.
Peor aún, el gobierno del estado como la CFE se han negado a informar con claridad sobre la sustentabilidad del megaproyecto, pues las termoeléctricas requerirán de gran cantidad de agua en una zona de vocación agrícola. Tampoco han informado sobre los efectos en la salud de quienes viven en la zona ni en la flora, fauna y cultivos.

Fuente: Proceso

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