La demanda contra el gobierno de Barack Obama incluye a la NSA, al FBI y a los Departamentos de Defensa y Justicia.
La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU) y la Unión Neoyorquina de Libertades Civiles presentaron la demanda en un tribunal federal en Nueva York.
Los destacados grupos defensores de los derechos civiles le pidieron al Gobierno que cancele el programa que recolecta los registros telefónicos de millones de estadounidenses por considerarlo inconstitucional.
La demanda alega que “la práctica es similar a espiar en cada agenda de los estadounidenses, con anotaciones que detallan con quién hablamos, cuándo, cuánto tiempo y desde dónde".
La acusación también pide a la corte purgar los registros telefónicos recabados bajo el programa, ya que este, alegan, viola la Primera Enmienda constitucional, que garantiza las libertades de palabra y de asociación, así como la Cuarta, que protege el derecho a la intimidad.
Cabe indicar, que el Departamento de Justicia no contestó a las llamadas para opinar sobre la demanda. Mientras tanto, el presidente Obama defendió el programa y afirma que se debe hallar un equilibrio entre el derecho a la intimidad y la seguridad nacional.
La demanda también alega que el programa excede la autoridad provista en la ley antiterrorista Patriot Act y señala una cláusula particular de que se ha dado al gobierno más libertad de acción para obtener registros para investigaciones de inteligencia.
Asimismo el subdirector legal de ACLU, Jameel Jaffer, dijo que sería como obligar a los estadounidenses a presentar al gobierno un "informe diario" de sus actividades y conversaciones.
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