Declaran fundada una demanda de Telefónica México. La cantidad deberá ser liquidada en 15 días.
El juez federal Rodolfo Sánchez declaró fundada una demanda promovida por Telefónica México en contra de Teléfonos de México y condenó a la empresa de Carlos Slim a pagar al menos 527 millones de pesos a la compañía demandante por concepto de tarifas de interconexión pendientes de liquidar desde el año 2011.
El titular del juzgado noveno de distrito en materia civil resolvió que esa cantidad deberá ser liquidada en un plazo no mayor a dos semanas, aunque lo más probable es que Telmex impugne la sentencia ante un tribunal colegiado de circuito.
Telefónica México promovió su demanda contra Telmex en noviembre del años 2011, en la cual acusó a la compañía de Slim de ignorar los convenios firmados por ambas empresas en 2006 y 2011, en particular en los que respecta a los servicio denominados como el que llama paga, que técnicamente se denomina servicios de terminación conmutada de usuarios móviles.
En la misma sentencia, el juez Sánchez también condenó a Telmex a liquidar otro adeudo con la misma compañía demandante por el mismo concepto que el anterior pero relativo al periodo que corrió de octubre a diciembre del año 2011, aunque el monto está pendiente de ser cuantificado por el juzgador.
De acuerdo con los convenios firmados por Telmex y su contra parte, la empresa de Carlos Slim se comprometió a pagar a la compañía que ahora le demanda una tarifa de 95 centavos por minuto por finalización de llamadas adecuadas al servicio el que llama paga, misma que bajaría progresivamente hasta llegar al tope de 69 centavos para el año 2014.
Telmex ha hecho valer como argumento de defensa una resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de mayo de 2011, en la cual el órgano colegiado determinó que la tarifa que debían pagar las empresas de ese sector por el servicio de interconexión era de 39 centavos por minuto. Sin embargo en su sentencia, el juez Sánchez desechó ese argumento al considerar que no se trata de una jurisprudencia ni mucho menos de una legislación, sino unicamente de un lineamiento administrativo que hoy está sometido a controversia en tribunales.
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