El Sexto Tribunal Colegiado de Michoacán revocó y sobreseyó el juicio de amparo 478/2012, promovido en contra del director y la productora del polémico documental Presunto Culpable, Roberto Hernández y Layda Negrete, respectivamente.
En declaraciones a la agencia Quadratín, el magistrado ponente Moisés Duarte Briz, dijo que “no hubo materia en la revisión adhesiva porque ofrecieron la película como prueba fuera de tiempo y no presentó la prueba antropométrica, que permite ubicar la identidad de las personas para poder determinar si Víctor Daniel Reyes Bravo realmente aparece en el film”.
En la sesión a puerta cerrada, se resolvió el amparo contra la sentencia de la juez Blanca Lobo, quien censuró la película hace dos años y propuso que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) creara un procedimiento en el que explicara por qué le otorgaba a Cinépolis el permiso de exhibir la cinta.
El magistrado Duarte Briz dijo que ambas partes pueden recurrir a las instancias que consideren pertinentes.
El tribunal auxiliar propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer la facultad de atracción, pero el expediente se regresó y finalmente esta tarde se revocó y sobreseyó por no haber delito que perseguir.
Los autores del documental enfrentan otros dos juicios, uno promovido por el comandante de la Policía Judicial, José Manuel Ortega Saavedra, quien detuvo a José Antonio Zúñiga, preso y posteriormente absuelto y otro por la familia de una víctima por usar imágenes de su cadáver en el documental.
El fallo judicial deja en libertad al director y la productora para volver a exhibir el documental que ganó un Emmy como mejor trabajo periodístico.
Amenazas
Roberto Hernández, director y productor de Presunto culpable, denunció que hoy fue amenazado para que ya no hable de la situación del documental.
“Me llamaron como a las 13 horas y me dijeron que le parara porque les pasaría algo a mis dos hijas y a mi”.
Ya dio parte de la situación a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
“No tengo miedo. Insisto, Presunto culpable es la papa caliente que el Poder Judicial no quiere resolver y han pasado años sin una decisión final sobre un tema básico de libertad de expresión”, señala.
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